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Al menos 47 líderes sociales fueron asesinados en el primer trimestre del año en Colombia

03 de junio de 2020


Bogotá, 3 jun (EFE).- Al menos 47 líderes sociales o defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en el primer trimestre de 2020, según un informe del programa Somos Defensores publicado este miércoles que destaca que los crímenes han aumentado durante la pandemia del coronavirus.

Los asesinatos que la organización no gubernamental documentó entre enero y marzo de este año suponen un aumento de 22 casos con respecto al mismo periodo del año anterior cuando registró 25 homicidios.

"Los primeros meses de 2020 han sido muy complejos para los liderazgos sociales en Colombia. Además de los altos niveles de violencia en los territorios y de las constantes agresiones en su contra por la labor de defensa de los derechos humanos, se está haciendo frente a una crisis provocada por la pandemia del COVID-19", señala el informe.

Según Somos Defensores, esta situación "ha puesto en evidencia los vacíos del Estado en las regiones y las vulnerabilidades a las que está expuesta la población, especialmente en zonas rurales".

Como ya lo había advertido hace dos semanas en su informe sobre 2019, Somos Defensores subraya que los asesinatos significan la materialización de las múltiples amenazas recibidas por los líderes en años anteriores, agresiones que han frenado sus procesos de defensa y protección de los territorios.

Los asesinatos fueron perpetrados en los departamentos del Cauca (9), Antioquia (8), Putumayo (6), Norte de Santander (5), Huila, Valle del Cauca y Córdoba (tres cada uno); Caquetá, Nariño y Chocó (dos cada uno), y Bolívar, Santander, Boyacá y Cundinamarca (uno cada uno).

IMPUNIDAD EN LA PANDEMIA

Somos Defensores documentó de enero a marzo un total 197 agresiones, incluidos los asesinatos, contra 187 dirigentes sociales, entre ellos líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos y defensores de derechos humanos.

Aunque el primer trimestre de 2020 tuvo 58 agresiones menos que el mismo periodo del año anterior, cuando se documentaron 245, Somos Defensores advirtió que la cifra no representa una reducción de hechos violentos.

Según la organización, esta disminución se debe a la imposibilidad que tiene su equipo de viajar a los territorios en los que se denuncian las violaciones, dada la cuarentena obligatoria que restringe la movilidad en el país desde el 25 de marzo.

"Esto es de especial preocupación en este momento en el que todo el país se encuentra en confinamiento obligatorio declarado por el COVID-19; a raíz de esta situación los líderes se han convertido en un blanco fácil para los agresores", detalló el informe.

Según el estudio, las condiciones del aislamiento preventivo facilitan la identificación de los lugares en los que permanecen los líderes sociales, mientras los actores violentos continúan ejerciendo control social en los territorios.

MAYORES RESPONSABLES

Las agresiones más comunes fueron las amenazas, con 115 denuncias, seguida de los asesinatos (47), atentados (14), detenciones arbitrarias (8), desapariciones forzadas (8), judicializaciones (4) y el robo de información (1).

En cuanto a los presuntos responsables, la organización tuvo conocimiento de que 84 de los hechos violentos fueron cometidos por grupos paramilitares, mientras que en 70 casos se desconoce el autor.

Otras 15 agresiones fueron atribuidas a disidencias de las FARC, 13 ataques a la Fuerza Pública, cuatro más a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una a otro tipo de actores.

El departamento del Cauca (suroeste) fue la zona del país con más agresiones documentadas, con 42 hechos, lo que muestra la concentración y fortalecimiento de los grupos armados en ese convulso territorio.

Los demás hechos ocurrieron principalmente en Bogotá (30) y los departamentos de La Guajira (19), Antioquia (18), Arauca (12), Putumayo (11), Valle del Cauca (9), Norte de Santander (7), Nariño y Chocó con seis cada uno.

Para Somos Defensores, "la situación debería generar alarma y reacciones inmediatas por parte del Estado para dar garantías y contener la violencia" contra quienes ejercen algún tipo de liderazgo social en sus territorios.

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