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Crimen

El Estado boliviano se retira de un caso por terrorismo que dura una década

23 de septiembre de 2020


La Paz, 23 sep (EFE).- El Estado boliviano se retiró de un caso por supuesto terrorismo en el país, un largo proceso que dura una década y que el Gobierno interino considera una persecución política.

El ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, anunció este jueves la retirada del conocido como caso terrorismo II, pues ya hubo uno anterior que quedó cerrado tras retirarse igualmente la acusación tanto del Estado como de la Fiscalía.

Murillo dijo en rueda de prensa en La Paz que este caso fue llevado por un fiscal que fue denunciado por corrupción y huyó del país, a instancias del entonces Gobierno de Evo Morales para "arrodillar a la oposición", en especial a sus detractores en el oriente de Bolivia.

Esa persecución, subrayó, supuso "asesinatos" y exiliados políticos, por lo que pidió que en algún momento se rindan cuentas.

El caso investiga supuesto financiamiento a terroristas europeos por lo ocurrido en 2009 en un hotel de Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia, donde en un operativo de fuerzas de seguridad murieron tres de los cinco integrantes de una supuesta célula terrorista y dos fueron detenidos, que según el Gobierno de entonces tenía fines separatistas en la zona oriental del país y pretendía atentar contra Evo Morales.

La causa contra alrededor de catorce acusados, entre ellos exaturoridades y empresarios relevantes de la región de Santa Cruz, pasó por varios tribunales del país y se reactivó en 2018, con un intento de iniciar juicio por acusaciones como organización criminal y alzamiento armado.

El otro caso quedó cerrado en febrero pasado tras once años de proceso, con la absolución de quienes seguían procesados, después de que la Fiscalía y el Gobierno interino de Bolivia retiraran las acusaciones.

En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión cada uno por alzamiento armado contra la seguridad del Estado con fines secesionistas.

Como ya habían cumplido su condena, abandonaron Bolivia alegando que temían por su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad.

El fiscal que estuvo a cargo, Marcelo Soza, solicitó en marzo de 2014 en Brasil refugio político, tras renunciar a seguir investigando y denunciar irregularidades.

Los procesados siempre denunciaron que el caso se debía a motivos políticos, para acallar a opositores de la región cruceña, e incluso varias versiones durante la investigación pusieron en duda que el tiroteo en el hotel fuera una acción antiterrorista.

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