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Crimen

La Fiscalía de Costa Rica acusa a nueves personas por un caso de corrupción en la banca pública

14 de febrero de 2020


San José, 14 feb. (EFE).- La Fiscalía General de Costa Rica anunció este viernes que acusará a 9 personas por un caso de corrupción en el Banco Popular (estatal) que habría beneficiado a un empresario costarricense importador de cemento chino, como parte de un complejo caso conocido como "El cementazo".

La fiscal general, Emilia Navas, afirmó este viernes que la acusación ya está terminada y que será presentada a los tribunales dentro de unos 15 días cuando terminen una serie de plazos dentro del proceso.

De acuerdo con la investigación, los imputados "habrían dirigido acciones tendientes a lesionar los intereses patrimoniales de la Hacienda y del interés público, a través de la apertura de una línea crediticia (de unos 4,4 millones de dólares) otorgada a la empresa Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB para importar y comercializar cemento chino".

Según la Fiscalía, "en apariencia, los funcionarios públicos acusados analizaron y recomendaron este producto financiero, a pesar de que conocían que dicha empresa no tenía la capacidad suficiente para atender las obligaciones de pago".

La Fiscalía acusará al empresario costarricense importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, a su esposa de apellidos Suárez Aguilar, y a gerentes de la empresa de apellidos Rojas Segura y Cortés Zuñiga, por delitos de influencia contra la hacienda pública.

Los restantes acusados de apellidos Bogantes Brenes, Gómez Barrantes, Thompson Camacho, Delgado Negrini y Arias Silesky, son exfuncionarios del Banco Popular, quienes enfrentan cargos de influencia contra la hacienda pública y cuatro de ellos también son señalados de falsedad ideológica.

Este caso, es una ramificación de "El Cementazo", un complejo caso de aparente corrupción y tráfico de influencias que ha salpicado a políticos y funcionarios públicos.

Mediante "El cementazo" el empresario importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños habría recibido millonarios créditos de la banca estatal, principalmente del Banco de Costa Rica (BCR), de manera irregular para su negocio.

El empresario también habría sido beneficiado con modificaciones a reglamentos de importación de cemento y resoluciones judiciales.

En el caso se han visto salpicados funcionarios del Gobierno pasado (2014-2018), exdiputados, funcionarios bancarios y del Poder Judicial.

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