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Política

Ombudsman guatemalteco insta al presidente invocar una carta democrática ante OEA

30 de junio de 2020


Guatemala, 29 jun (EFE).- El ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas, instó este lunes al presidente, Alejandro Giammattei, a invocar la carta democrática interamericana ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por la amenaza del Congreso al Constitucional, que supone un riesgo de "rompimiento".

Rodas recomendó "invocar de inmediato la aplicación de la carta democrática interamericana, a fin de que el consejo de la OEA realice las gestiones diplomáticas necesarias, incluyendo los buenos oficios, con el fin de promover la normalización del orden constitucional".

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala aseguró que el Congreso "desobedeció abiertamente sentencias del máximo tribunal constitucional con lo cual ha provocado una alteración grave del orden constitucional".

La supuesta desobediencia legislativa ha generado "inseguridad jurídica en todos los niveles y ramas del sistema de justicia", advirtió el ombudsman, quien enfatizó que estos actos podrían "romper el orden democrático y la paz social".

De concretarse el rompimiento, el país centroamericano podría aislarse, además, "del concierto de las naciones con el riesgo de sufrir sanciones, justamente cuando más solidaridad y apoyo requiere Guatemala en este período de sufrimiento a causa de la pandemia".

Rodas subrayó que la comisión permanente del Congreso guatemalteco causó una "alteración grave del orden constitucional al desobedecer órdenes" de la máxima tribuna.

El pasado sábado, en sesión extraordinaria, el Constitucional suspendió el antejuicio (proceso de remoción de inmunidad) a cuatro de sus magistrados, ordenado el viernes por jueces suplentes de la Corte Suprema de Justicia.

La denuncia tramitada por la Corte Suprema de Justicia fue realizada por el abogado José Roberto Hernández Guzmán, uno de los aspirantes a integrar una sala de Apelaciones en el retrasado proceso de elección de jueces para salas y cortes del Organismo Judicial.

La elección debía darse en octubre de 2019 para renovar por cinco años a las cortes y las salas del país centroamericano, pero la Corte de Constitucionalidad anuló un par de veces (en 2019 y 2020) el proceso por irregularidades en el proceso documentadas por el Ministerio Público (Fiscalía).

Finalmente, la elección se realizaría el martes pasado por el Congreso guatemalteco, pero fue suspendida en una maratónica jornada legislativa de 12 horas tras no ponerse de acuerdo en el procedimiento para elegir a los nuevos magistrados.

Fue el propio ombudsman quien, junto a la activista Helen Mack y el director del capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional (Acción Ciudadana), Edie Cux, interpuso el recurso legal con el objetivo de suspender el dictamen de la Corte Suprema de Justicia (inferior en rango al Constitucional), que había avalado al Congreso para decidir el desafuero para cuatro de los cinco miembros titulares constitucionales.

El congresista estadounidense, Eliot Engel, jefe de la comisión de asuntos externos del Congreso estadounidense, se pronunció por esta disputa y aseguró que "los esfuerzos para derrocar a los jueces de la Corte Constitucional de Guatemala son completamente antidemocráticos".

Y agregó que "el Congreso de EE.UU. y el Departamento de Estado deben garantizar las consecuencias para quienes socavan la democracia guatemalteca".

Por su parte, el sector empresarial organizado y aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) aseguró que el amparo resuelto por el Constitucional a su favor “muestra evidentes y graves violaciones al Estado de Derecho”.

Según el poder económico del país centroamericano, la decisión del ente Constitucional fue contraria "a principios jurídicos elementales que señalan que nadie puede ser juez y parte en un asunto", pero "los magistrados señalados en las diligencias de antejuicio entraron a conocer el caso sin inhibirse, como correspondía. Ello, es evidente conflicto de intereses”.

Según expertos, la elección de los 250 jueces es trascendental para la lucha anticorrrupción del país centroamericano, especialmente después de que las autoridades documentaran que las últimas elecciones en 2014 estuvieron cooptadas por el Gobierno del expresidente, Otto Pérez Molina (2012-2015).

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